Por: Néstor De Jesús Laurens
Foto: Fuente Externa/Tomado de Cuatriboliao.net
Barahona.-
La Sala Capitular del Ayuntamiento Municipal de Barahona fue convertido
en sala de audiencia por una comisión de tres magistrados del Tribunal
Constitucional que conoció en la mañana de este viernes del derecho de
propiedad de la mina de sal de Puerto Alejandro.
El jueves 17 de
octubre el tribunal realizó un descenso en el municipio de Jaquimeyes
donde escuchó a las partes envueltas en la presente litis y este viernes
18, correspondió al municipio de Barahona, donde se escucharon varios
exponencias de diversas instituciones de la sociedad civil.
El
primero en hacer uso de la palabra fue el alcalde del municipio de
Barahona Octavio Noel Suberví Nín, quién reiteró el derecho de
administración y propiedad que tiene el ayuntamiento sobre la mina de
sal de Puerto Alejandro, al cual quién por más de 50 años ha estado bajo la
administración de esta alcaldía.
El representante de la Fundación
Enriquillo de Oro y de Fundasur, señores Néstor De Jesús Laurens y
Freddy Pérez al hacer uso de la palabra pidieron al tribunal que el
derecho de explotación de la mina de sal sea compartido entre los
ayuntamientos de Barahona, Jaquimeyes y el distrito municipal de Canoa.
Según
una nota del departamento de prensa del tribunal constitucional, luego
de concluido el experticio legal, se procederá posteriormente a retornar
el caso al pleno del tribunal constitucional que deberá coincidir sobre
el particular.
En la vista del tribunal constitucional también
fueron convocados el senador de la República de esta provincia de
Barahona Lic. Eddy Mateo Vásquez, los diputados Fabio Vargas Matos,
Noris Medina y Mariano Montero, así como varios regidores de la sala
capitular del ayuntamiento municipal de Barahona y algunos
representantes de la llamada sociedad civil de esta ciudad.
El
conflicto de propiedad de la mina de sal del Puerto Alejandro ha tenido
matices violentos según explicara el propio alcalde de Barahona, Dr.
Noel Octavio Suberví Nin y por tal razón ha querido que sean las
autoridades judiciales las que tengan la última palabra sobre este
conflicto.
